UN LARGO Y DOLOROSO CAMINO

Por: Juan Carlos Galindo Vácha

Presentación Blog, Fundación Colombia 2050

Apenas veinte décadas desde nuestra independencia, desde el momento en que iniciamos la vida política independiente. Durante el siglo XIX, hubo un sinnúmero de contiendas políticas intensas, que dieron lugar a guerras intestinas y partidarias con miles de muertos, a lo largo de los años. Guerras por el poder público, para imponer ideas sobre la organización política, para derrotar al  contradictor político, fueron el pan de cada día a lo largo de los casi 80 años de esa centuria.

Desde los albores del siglo pasado, también razones políticas dieron lugar a nuevos enfrentamientos en lo que se conoció como la Guerra de los Mil Días, que amainó en los treinta años siguientes. Posteriormente, las luchas partidarias por alcanzar el poder dieron  lugar a una violencia partidaria, que no solo implicó una situación de inseguridad en ciudades y campos, miles de muertos, sino también un estado de polarización y de aguda confrontación.

Pasando el pequeño y oscuro tiempo de la dictadura, gracias a la iniciativa de los dos grandes líderes políticos Laureano Gómez y Alberto Lleras, se pudo consolidar el Frente Nacional y generar una época de tranquilidad partidista y social, que duraría hasta el año 1974. No transcurrirían muchos años y la violencia retornó a nuestras tierras, ahora con ocasión de las actividades de las mafias dedicadas al tráfico de drogas,  y por razón del surgimiento de los diferentes grupos subversivos. Hace algunos años, si bien la violencia subversiva se redujo sustancialmente con los diferentes acuerdos de paz firmados por esos grupos al margen de la ley, con el paso de los años, continuamos sufriendo multitud de actos atentatorios contra la vida de los colombianos. En vez de decrecer esa tasa fatal de pérdidas de vidas, viene incrementándose cuando otras fuerzas oscuras han generado una ola de violencia frente a líderes sociales y cívicos, sea por motivos políticos, económicos lícitos e ilícitos, o por mantener un poder determinados territorios.

Recientemente hemos visto otro tipo de violencia igualmente dañina desde el punto de vista social, así no conduzca necesariamente a la eliminación de vidas humanas, y es la violencia digital. Los insultos, agresiones verbales, desautorizaciones, muchos de ellos sin haberse tomado el tiempo de escuchar al otro, de no haberse dado unos minutos de reflexión. Esta violencia en esa realidad paralela, en el escenario de las redes sociales es, incluso, mucho más dañina, que la que hemos vivido en el pasado. No solamente porque de mantenerse ese escalamiento va conducir a muertes y atentados, sino por el efecto desinstitucionalizador, que conduce a la pérdida de ese vínculo que nos tiene unidos como nación. Con estas indebidas estrategias, sean políticas, sociales o de cualquier índole, estamos destruyendo esas trenzas de tejido social, que conforman la nacionalidad. Y lo más triste es que gran parte de esta violencia digital viene de líderes y figuras públicas, muchas veces con mensajes agresivos, hirientes ó mentirosos. Resulta desolador este panorama, cuando además frente a ese mal ejemplo, los ciudadanos del común asumen idéntica táctica de desautorización social o política. La generación de odios y retaliaciones, inicialmente en el ámbito virtual, luego tienen impacto en la realidad, no sólo representados en actos de violencia sino en destrucción de los cimientos de la institucionalidad social y política.

Esta dramática situación genera una profunda tristeza. ¿Cómo es posible que no hayamos podido solucionar los diferentes conflictos de manera pacífica?; ¿Cómo es que los dirigentes sociales y partidarios no han caído en cuenta de esta gravísima problemática?. Entre las varias explicaciones, podríamos traer  colación algunas de ellas: Unas inmediatas institucionales, tales como la impotencia del Estado para proteger a las personas en todo el territorio nacional, de por sí muy vasto y que requeriría de inmensos recursos para estar presente en todas las regiones, y la debilidad de las autoridades judiciales y de investigación respecto de la resolución de los casos de violencia; otras políticas, por omisión, y es la falta de acuerdos políticos para diseñar una política de gobierno que trascienda los periodos presidenciales para invertir en la corrección de estas falencias sociales; y, finalmente, una social y ha sido la generalizada ausencia de formación de los niños y jóvenes en valores cívicos y democráticos, para entender la importancia del respeto por el otro, de la tolerancia, de la solidaridad y de lo esencial de vernos como iguales. 

Sin embargo, no podemos adoptar una actitud derrotista o catastrófica. Consideremos que hemos avanzado significativamente en muchos aspectos a lo largo de estos doscientos años.  La conducta debe estar guiada por el optimismo, la esperanza y la acción. Es el momento de la pausa y de la reflexión, para luego dar inicio a una serie de acciones para construir sobre lo construido.

Debe ser el momento de un gran acuerdo nacional para el fortalecimiento del sistema democrático y para el restablecimiento del tejido social, en el que los partidos políticos tienen un protagónico papel en la concertación de esos grandes propósitos y en la construcción de un programa que trascienda los periodos presidenciales y los resultados electorales. De igual manera, también será necesario un profundo trabajo del Estado en la generación de una mayor eficiencia de sus servicios a la comunidad en temas de seguridad, servicios públicos, etc., y una robusta política de educación, fundada en cívica y en valores democráticos de los jóvenes. 

Igualmente, el sector privado debe aunar esfuerzos para promover las acciones del Estado y para trabajar con  las fuerzas sociales y económicas en el desarrollo de las comunidades. Las instituciones educativas y las familias deben emprender la formación de jóvenes empoderados de valores individuales y sociales. 

¡Es un trabajo integral en el que todos nos debemos comprometer inmediatamente!.