Por: Arianna Espinosa Oliver
Momentos de crisis como el actual requieren de respuestas a la altura, de políticas legítimas y de decisiones que cuenten con el apoyo de las mayorías. El Congreso es el escenario, que se nos ha enseñado como natural, para la deliberación y la toma de decisiones consensuadas. Sin entrar en la discusión sobre si el Congreso está cumpliendo o no con esta función, es importante reflexionar sobre cómo la pandemia ha planteado para la rama legislativa un dilema muy particular: tomar decisiones como cuerpo colegiado, así como negociar, debatir y deliberar, sin dejar de cumplir con las condiciones de aislamiento preventivo y obligatorio.
La evidencia comparada señala que, al inicio, “los parlamentos del mundo tomaron diferentes medidas para hacer frente a este dilema: desde medidas extremas como la cancelación de las sesiones legislativas, hasta otras más intermedias como limitar el trabajo legislativo para el tratamiento de situaciones de emergencia” (Tchintian, Abdala & Seira, 2020). Sin embargo, la incorporación de tecnología al proceso legislativo es una alternativa que está siendo, ya con varios meses, usada por varios países de la región.
En este sentido, el Congreso colombiano tuvo que resolver cómo operar respetando el aislamiento físico que el COVID-19 impuso. Esta situación excepcional abrió la oportunidad para innovar sobre las formas y mecanismos que el Congreso usa y ha usado. Sin embargo, parece que la forma como se están cumpliendo los diferentes requerimientos, ej. la votación de proposiciones, mociones, proyectos de ley, etc., no ha implicado un aprovechamiento real del momento, y, lo que hubiese sido una oportunidad para hacer las cosas de una forma distinta y mejor, se tornó en una experiencia que ahondó la ineficiencia y el mal gasto del tiempo.
Toda modificación del proceso legislativo para la incorporación de tecnología en nuestro país tiene el desafío de garantizar la legitimidad de los procesos y la transparencia e integridad del ejercicio en su conjunto. Por ejemplo, la implementación de tecnología para los procesos normativos y administrativos del Congreso colombiano significó la aprobación de normativas que incorporaran protocolos de inclusión de tecnología para cada etapa de la gestión legislativa, ej. la forma de votar en esta nueva normalidad. Para esto, la legitimidad es clave, pues permite evitar cuestionamientos futuros que pongan en duda otros valores del sistema como la integridad o la transparencia de los procesos.
La pregunta que sigue, entonces, es cómo incorporar la tecnología asegurando estas premisas de legitimidad, transparencia e integridad. Para ello, es importante tener en cuenta lo siguiente: lo traído al debate por Tchintian, C., Abdala, B. & Seira, para el caso de Argentina. A continuación, exalto las recomendaciones que considero fueron relevantes en el caso colombiano:
Además de lo anterior, vale la pena reflexionar sobre qué queda de esto para la nueva normalidad. Con el posible retorno a la asistencia presencial en las oficinas, se abre una nueva e interesante discusión sobre si es posible una nueva versión del Congreso, y me refiero a una versión híbrida; mitad y mitad; en algunos momentos in situ y en otros remoto; ya sea por tipo de proyecto o por división de los congresistas de cada bancada.
Lo anterior permitiría no perder lo ganado en virtualidad, así sea poco, y poder contar con aforos más limitados en las sesiones. Pero aún más interesante, es que permitiría que se den ciertas discusiones y votaciones complejas e incluso charlas en pasillos que sirven de negociación y debate, propio del ejercicio de lo legislativo, en cercanía con el otro; de frente.
A modo de salvamento, también es cierto que, si todo queda desde la virtualidad, posiblemente el lobby y las negociaciones se vuelvan más formales y más limitadas. Situación que beneficiaría también a la democracia colombiana, si tenemos en cuenta que la ciudadanía hoy es más sofisticada en el ejercicio de control y veeduría y si pensamos en los micos y orangutanes que a veces se cuelan en las votaciones. De todas formas, siempre hay cosas que se viven mejor y tienen mejor resultado si se dan en físico.
Bibliografía
Tchintian, C., Abdala, B. & Seira, I. (abril de 2020). Legislando desde casa. Recomendaciones para el funcionamiento remoto del Congreso en Argentina. Buenos Aires: CIPPEC.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.