Por: Olga Lucia Naranjo
Uno de los principales retos que tienen las instituciones del país es el de mejorar la percepción que la opinión pública tiene sobre ellas y el de generar confianza con la ciudadanía. De acuerdo con encuestas realizadas por Latinobarometro en 2018 solo el 19.8% de los colombianos tiene una percepción positiva del Congreso y los partidos políticos apenas un 16% de buena imagen. Esto se debe a los escándalos de corrupción y crisis de representación que han tenido estas dos ultimas instituciones. No obstante, los colombianos no solo desconfían fuertemente de las organizaciones públicas, sino también de las privadas.
De acuerdo con las encuestas de Latinobarometro de 2018 anteriormente mencionadas solo el 44.3% de los entrevistados tienen una percepción positiva de las compañías nacionales y hay apenas un 34.9% de confianza en compañías internacionales. En esta crisis de legitimidad que se está viviendo actualmente también los medios de comunicación se están viendo seriamente afectados, donde el 54% de la opinión publica tiene una mala imagen de ellos (Latinobarometro, 2018). Esto es preocupante debido a que los medios de difusión son usualmente considerados como el cuarto poder y un mecanismo de control para las instituciones públicas y para poner la agenda del país.
Una de las peores consecuencias que ha tenido esta crisis de legitimidad de los medios de comunicación es la proliferación de fake news que han logrado poner en jaque el modelo de democracia liberal al poder generar dudas sobre el resultado de elecciones legitimas y justas. El ejemplo mas emblemático de esto fue a inicios del 2021 cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump seguía sin admitir que había sido derrotado en su búsqueda de la reelección y un grupo de fanáticos del antiguo mandatario asaltaron el Capitolio justo el día en el que el Congreso de ese país iba a rectificar a Joe Biden como el presidente número 46. Esto conllevo a Twitter y otras redes sociales decidieran cerrar de forma permanente las cuentas a Trump.
Adicionalmente las fake news también ha logrado minar la respuesta que los distintos gobiernos pudieran haber tenido en la lucha contra la propagación del SARS-Cov-2. Mediante las redes sociales o medios de comunicación de dudosa reputación se han cuestionado el distanciamiento social, el uso de tapabocas y antibacterial como medidas efectivas para evitar la propagación del COVID-19. También se ha querido poner en duda la eficacia, las motivaciones para vacunarse, recomendar medicaciones sin ningún aval médico como dióxido de cloro e incluso llegar al extremo de negar el virus por lo que las noticias engañosas también han tenido un claro impacto en la salud publica a nivel mundial.
Ahora volviendo a la crisis de legitimidad en la que están las instituciones tanto públicas como privadas del país, es cada vez más claro que es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta cobrando cada vez mas relevancia que se cuenten con distintos tipos de mecanismos de revisión de hechos, recolección de datos e iniciativas de Gobierno Abierto, en donde sea la ciudadanía nuevamente en centro de accionar del sector público y el quehacer del Estado.
La opinión publica en este momento es apática en temas de política y en general de coyuntura tanto nacional como internacional, pero acercando a la ciudadanía nuevamente en estos temas y permitiendo que mediante herramientas tecnológicas puedan revisar hechos e incrementar el acceso a la información. Esto con el fin de aumentar la transparencia con opinión publica y crear una cultura ciudadana interesada en prevenir y luchar contra la corrupción en sus distintos niveles. También para que las instituciones, sean públicas o privadas, puedan tomar mejores decisiones y que tengan mas en cuenta las necesidades de la ciudadanía.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.