Por Alejandro Chaves.

El fenómeno de la desinformación no es un asunto nuevo; la forma en la cual se reproduce a velocidades impensadas y llega a miles de millones de personas en el mundo en cuestión de segundos, sí lo es. 

Revisando los eventos políticos más importantes del siglo pasado en la región, como la puesta en marcha y caída de diferentes dictaduras como fue el caso de la Argentina o Chile, podemos observar que, incluso cuando la explosión tecnológica y digital aún no había llegado, sí que se proyectaban estrategias calculadas por parte de los autócratas para generar zozobra, miedo y ansiedad en la población, con el objetivo de que esta cambiara su mentalidad y, en consecuencia, su toma de decisiones. 

Y es que las formas a través de las cuales se ha utilizado la desinformación para influir en el comportamiento de la población han cambiado. En el caso de dichas dictaduras, las posibilidades de acceder a diversas fuentes de información, de comparar, de inquietarse y consultar la veracidad de lo que se recibía eran más que limitadas, casi totalmente restringidas, toda vez que los opresores no permitían la libertad de prensa y cercaban las capacidades de la ciudadanía para informarse libremente. 

En el mundo moderno, las posibilidades de acceder a información de calidad, verificada, de fuentes confiables y de manera libre son muchas. Sin embargo, y aunque no nos encontramos en un régimen que nos obligue a consultar una sola fuente de información, sí que existen personalidades, plataformas y sistemas dedicados a reproducir desinformación de forma masiva con el objetivo de que esta llegue a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, generando una serie de consecuencias nefastas y, en cierta medida, irreversibles frente a la credibilidad que la ciudadanía asigna a instituciones, personas, etc. 

El derrotero común, entonces, son todas las formas, organizaciones y personas que de manera calculada proliferan desinformación y que, hasta ahora, han ganado varias batallas. Basta recordar los resultados del Brexit en el Reino Unido, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 o el Plebiscito por la paz en Colombia, eventos en los que se ha comprobado el diseño de estrategias para desinformar y cambiar el resultado electoral esperado, para entender que la desinformación no es un asunto de importancia menor y que, en estos casos, quienes diseñaron estrategias para desinformar tuvieron gran éxito. 

En este sentido, es preciso preguntarnos si son irreversibles las consecuencias que estas estrategias calculadas han generado en el curso natural y armónico de las democracias. A manera de reflexión personal podría apuntar que sí, son irreversibles, toda vez que los procesos electorales ya se adelantaron, las agendas políticas se modificaron y las percepciones de la ciudadanía frente a diferentes asuntos de relevancia nacional, en cada uno de los casos citados, cambió radicalmente con ocasión de la avalancha de mentiras y desinformación que consideraban real. 

De esta forma, la única arma certera frente a esta problemática es un proceso de alfabetización mediática que considere el contexto y las características de la desinformación que circula en cada territorio particular, con el objetivo de dotar a quienes usan redes sociales y plataformas digitales, de herramientas y conocimiento, además de buenas prácticas, para que se informe a partir de fuentes confiables y verificadas. Adicionalmente, brindar conocimientos para que comprenda el impacto que tiene reproducir desinformación y herramientas para que identifique este tipo de contenido en el momento oportuno y contribuya a mitigar el riesgo.

La labor de la alfabetización mediática es un asunto en el que ya estamos tarde, pues quienes se dedican a preparar estrategias para desinformar han tomado la delantera. Corresponde entonces al gobierno, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general, armonizar esfuerzos para trazar objetivos y metas en este sentido, en aras de garantizar procesos electorales futuros con estándares más altos frente a la información que circula en redes, y menos obstáculos para la ciudadanía frente a la libertad de decidir de manera informada.

LUIS ALEJANDRO CHAVES RAMOS