Por Paula Alejandra Carranza

Hace un poco más de 4 años pasé por una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida; hice parte del programa “Manos a la Paz”, una iniciativa del Gobierno de Colombia que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Para describírselos de una manera muy sencilla, el programa ofrecía, a estudiantes universitarios, la oportunidad de realizar un semestre de práctica o pasantía al servicio de comunidades en las regiones del país más afectadas por el conflicto armado, enfocando sus esfuerzos en consolidar la paz territorial y el desarrollo sostenible. En mi caso, fui seleccionada para realizar esta pasantía profesional en el municipio de Yolombó ubicado en el departamento de Antioquía. 

En cuanto a la experiencia y el aprendizaje, es un programa que debería exigirse en cualquier universidad del país, pues le ayudaría  a los jóvenes y  futuros profesionales a reconocer los retos y realidades de los territorios; no es un secreto que gran parte de la educación superior del  país se encuentra sumida en una burbuja, donde la información que podemos obtener de nuestras zonas rurales es superficial y no de primera mano, no somos empáticos a sus costumbres y no nos damos a la tarea de adentrarnos en un proceso de investigación participativo donde se puedan escuchar las voces de nuestros líderes. 

Yolombó, como muchos de los municipios de nuestro país, cuenta con problemas de acceso a educación de calidad, falta de infraestructura vial, oportunidades de trabajo y crecimiento para los jóvenes, crimen organizado, entre otros. Pero, uno de los factores que me hicieron enamorarme de este territorio fue el impulso, la pasión y el trabajo que han venido realizando los líderes y lideresas.  

Solo para dar un pequeño ejemplo, Daladier y Otoniel son dos líderes comunitarios, que han venido trabajando con los miembros de la Junta de Acción Comunal, organizaciones juveniles y de mujeres, la alcaldía municipal, entre otros aliados, en un proceso de reconocimiento de la actividad minera a pequeña y mediana escala, probando que esta actividad puede llegar a crear liderazgos colectivos en zonas de influencia minera. Tanto fue su trabajo de liderazgo con esas organizaciones, que estos dos líderes han logrado formalizar gran parte de la actividad minera dentro de su municipio, han creado espacios educativos y culturales frente al cuidado del medio ambiente, han desarrollado escenarios de investigación para hacer de la minera a pequeña y mediana escala una actividad sostenible, reduciendo el impacto medioambiental dentro de sus zonas de influencia, impulsar a jóvenes mineros a estudiar carreras técnicas o profesionales, para crear un sistema de empalme generacional en el territorio y  así, que los jóvenes contribuyan al crecimiento de su municipio. Esto solo para describir una pequeña parte del impacto que solo dos líderes pueden crear en un territorio con una población mayor a 23.000 habitantes.

Ahora, imagínense si este tipo de liderazgos se multiplicaran por 100, ello implicaría el nacimiento de cientos de líderes trabajando por el fortalecimiento de sus territorios y miles de individuos trabajando por el crecimiento de sus comunidades, sin depender exclusivamente del Estado, e impulsándolas a trabajar conjuntamente para el logro de sus objetivos.  Pero, cabe preguntarnos ¿Qué pasa cuando estos liderazgos desaparecen o son víctimas de la violencia armada y no son protegidos?

Para dar un contexto a esta pregunta, es necesario resaltar las alarmantes cifras referentes a la pérdida de líderes y lideresas durante este año, pues según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se han reportado 163 actores asesinados, de los cuales el 25,77% (42) son líderes indígenas, el 22,7% (37) son excombatientes, el 17,79% (29) son líderes cívicos, 14,11% (23) son líderes comunales , el 5,52%  (9) a líderes campesinos, 4,29% (7) son líderes afrodescendientes y el resto líderes ambientalistas. 

Lo anterior, demuestra una diversidad de liderazgos que no se limitan a una temática en particular, sino que involucran diversas áreas de acción del liderazgo, como puede ser medioambiental, etnicidad, proceso de paz, desarrollo comunitario, entre otros; ello implica una pérdida sustancial de capital humano que impulse a las comunidades a trabajar de la mano con estos líderes. Según el informe del relator especial de la ONU sobre la situación de líderes sociales en Colombia “se describe que las zonas en donde más se matan a los líderes son las rurales, lo que está provocando un vacío de liderazgo en esos puntos del país y aumentando los índices de impunidad” (La República, 2020).

No dar la importancia necesaria, por parte del Estado y organizaciones de la sociedad civil, a los asesinatos y estado de vulnerabilidad de los líderes sociales de nuestro país implica desincentivar  el trabajo comunitario en muchas zonas donde Estado no llega, perder los procesos de empalme o relevo generacional, es decir, se reduce la posibilidad de que  los jóvenes se formen como líderes dentro de sus territorios, reduce la confianza en las instituciones y por lo tanto en los espacios de participación cívica y democrática, lo cual lleva a gestar una sociedad sin voluntad política y comunitaria que pueda llegar a fortalecer un sistema de pesos y contra pesos para nuestra democracia.