La corrupción, lo que los colombianos consideran como el principal problema del país por encima del desempleo, la salud, la seguridad o la economía, es un asunto de cultura. Máxime si lo que entendemos por cultura es un conjunto de prácticas y costumbres comunes en una población. ¡No debemos permitir que un pequeño porcentaje de individuos, contaminados por la avaricia y la falta de ética pública, instalen en nuestro imaginario colectivo que el atajo es la única forma de llegar!
Las últimas mediciones del estado de la percepción de corrupción en Colombia no son muy alentadoras. Las ganas de cientos de miles de colombianos de emprender un camino para revertir tal situación, sí lo son. Y es que, los niveles de apatía por los asuntos de interés público crecen como forma de rechazo, justamente, frente a los constantes escándalos de corrupción, clientelismo y baja capacidad institucional para afrontar con decisión los principales problemas que aquejan al país. Esa apatía, peligrosa en tanto crece como una bola de nieve que golpea de frente nuestra democracia, debemos abordarla como una oportunidad para adelantar acciones que sensibilicen a la ciudadanía en torno a la idea de que no todo está perdido y que, por el contrario, de nosotros depende la protección de nuestros recursos públicos, nuestras instituciones y su correcto funcionamiento.
Son numerosas las herramientas legales y la normatividad que se ha desarrollado para hacer frente a, quizás, la enfermedad más agresiva que no permite que el país avance al ritmo que queremos: la corrupción y falta de integridad en las actuaciones de algunos individuos con poder. Pero, hay que tener cuidado, la responsabilidad no solamente recae sobre gobernantes, mandatarios y autoridades, también recae sobre nosotros, los ciudadanos, cuando no participamos de las decisiones que afectan los intereses colectivos, cuando no denunciamos conductas que son visiblemente contrarias a la ética y que, tarde o temprano, se verán reflejadas en la disminución de la calidad de vida de nosotros mismos; asimismo, somos responsables cuando decidimos tomar el camino del atajo que, hasta en el acto más insignificante, tiene consecuencias corrosivas para la sociedad.
Si de lo que hablamos, entonces, es de una problemática asociada a la cultura y a una serie de comportamientos que percibimos como recurrentes y frente a los cuales “no existe control”, la solución debe estar enfocada en modificar esta percepción a través de procesos de formación que impulsen a la ciudadanía a ejercer control social efectivo frente a la gestión pública y frente a sus propias conductas. Finalmente, las instituciones y sus dirigentes son el reflejo de lo que somos como sociedad.
Un acuerdo sobre lo fundamental, debe estar basado en procesos de formación en valores cívicos y democráticos que contribuyan, por una parte, a recuperar la confianza de la ciudadanía en las actuaciones de las instituciones y sus gobernantes, rompiendo la peligrosa bola de nieve de la apatía y, en consecuencia, fortaleciendo la participación ciudadana en los procesos democráticos. En segundo lugar, esa recuperación de la confianza no se podrá materializar sin antes dirigir procesos de sensibilización y formación, tanto a instituciones como ciudadanos, en torno al fortalecimiento de una verdadera cultura de integridad y transparencia.
Lograr que en el imaginario colectivo de los colombianos se instale la idea de que la forma en la que actuamos determina el país que tenemos, romperá el círculo vicioso que nos quita la esperanza.
En la Fundación Colombia 2050 somos conscientes de la importancia de impulsar estos procesos de formación, por eso dentro de nuestra estrategia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción privilegiamos el trabajo con instituciones públicas, líderes juveniles y ciudadanía en general, en una búsqueda por contribuir al mejoramiento de sus planes de acción y herramientas para la prevención de corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. De la misma forma, dirigimos procesos de investigación encaminados a aportar al debate público de manera constructiva, con base en información cualificada que aporte elementos de valor frente a la toma de decisiones por parte de las instituciones.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.
1 Comment
Adicional a lo señalado en el artículo, falta un verdadero compromiso de las autoridades para socializar desde la escuela y desde todos los escenarios de interacción con la ciudadanía, de las herramientas democráticas, tanto en términos políticos como jurídicos, con que cuentan los habitantes de Colombia, para el control y el adecuado encauce de las conductas irregulares. ¡Excelente artículo!