El 2019 estuvo marcado por múltiples movilizaciones sociales en varios países latinoamericanos. Las calles fueron testigo de una activa y constante protagonista: la juventud. En Colombia, de acuerdo con el Estudio de Percepción de Jóvenes en Colombia, el 60% de los jóvenes dice haberse manifestado durante el 2019, y de este, el 69% dice haber salido a las calles (Cifras & Conceptos y la Universidad del Rosario, 2020).
Con este panorama, en enero del 2020, el Gobierno de Colombia da inicio a la Mesa Sectorial de Juventud, en el marco de la gran Conversación Nacional, un espacio de participación ciudadana e innovación pública que buscaba converger a los distintos sectores de la sociedad para construir acciones conjuntas sobre las problemáticas expresadas en las distintas manifestaciones.
En este Mesa, la juventud priorizó como temas urgentes a abordar la educación y el empleo; la paz y la ruralidad; el medio ambiente y la sostenibilidad; la participación política y la transparencia, entre otros. Sin pretender desconocer la multiplicidad de descontentos que llevaron a la juventud a manifestarse, este post revisa las conclusiones sobre participación política y transparencia, con el fin de entender a éstas como potentes herramientas a la hora de canalizar el descontento manifestado en las calles. Más, cuando se conoce que el 76% de la población juvenil en Colombia le exigiría una mayor y mejor rendición de cuentas al Gobierno y la confianza en las instituciones públicas como la Presidencia y el Congreso de la República no sobrepasa el 13% y 12%, respectivamente (Cifras & Conceptos y la Universidad del Rosario, 2020).
En la dimensión de participación política y transparencia, la Mesa Sectorial de Juventud deja constancia de importantes recomendaciones. Se estima que para lograr un aumento real de la participación es necesario aumentar el conocimiento y acceso a plataformas y espacios de participación existentes. Plataformas y espacios que permitan generar diálogos permanentes de construcción, incidencia e implementación de políticas y compromisos que representen los intereses de la juventud rural y urbana del país. En este sentido, la Mesa recomienda también “descentralizar el conocimiento político, institucional, del funcionamiento, del rol del Estado, de las realidades territoriales y el rol de la autoridad” (Informe Mesa Sectorial de Juventud, 2020), y en este sentido, su cercanía permita aumentar la confianza en las instituciones.
Accionar estas recomendaciones es, sin duda, un ejercicio difícil. La propuesta es construir sobre los mecanismos ya existentes. Una de las principales iniciativas diseñada para aumentar la participación política juvenil en Colombia, es la Cartilla de Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que está fundamentada en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la cual permite el fortalecimiento de los procesos de participación juvenil y su incidencia en los territorios (Ministerio del Interior, 2019).
Este marco jurídico permite que los jóvenes de 14 a 17 años ejerzan su derecho al voto para la elección de su Consejero de Juventud (que cuenta con una cuota de género de candidatos del 50%). También establece la creación de Plataformas Nacionales y Locales de Juventud, y, vincula a la población juvenil con caracterización de víctimas o de comunidades étnicas, a la participación de los diferentes grupos poblacionales. El objetivo de esta política es formar ciudadanos críticos, empoderados de la ley, que puedan participar de manera activa y consciente en el escenario político nacional y en sus territorios, a través de la construcción de agendas propias y guiadas por sus propios intereses (Ministerio del Interior, 2019).
Ahora, alinear las nuevas exigencias de la juventud a los mecanismos existentes es, por supuesto, una tarea de cuidado. Lo importante aquí es considerar las elecciones de Consejos Juveniles, tan novedosas y únicas, como en realidad lo son. Estas elecciones son un escenario propicio para canalizar las exigencias de la juventud expresadas en las marchas y llegar a conversar sobre las causas de dichos descontentos.
Es difícil llegar a ideales, pero sería oportuno pretender que estas elecciones sean un espacio propicio para la generación de una pedagogía amplia, en ámbito y tiempo, que contemple información asertiva sobre el certamen electoral y se fomente la participación masiva de la población juvenil. Lo anterior abarca la formación a los candidatos, como el acompañamiento posterior a aquellos que resulten elegidos.
Contempla un verdadero debate público e innovador con canales virtuales y presenciales que permitan la construcción y discusión de la agenda nacional, y se generen sistemas de rendición de cuentas que permitan garantizar transparencia y aumentar los niveles de confianza de los jóvenes hacia el sector público. Por ejemplo, mayor y mejores procesos de veeduría juvenil, así como, el fortalecimiento de espacios de incidencia y participación con enfoque de género e inclusión, que permita la articulación y coordinación de las diferentes organizaciones ya existentes entorno a ejes concretos de acción. Por último, el uso generalizado de las redes sociales para la difusión de información, como gancho de participación de la juventud en las regiones y en pro de generar mayor confianza hacia las instituciones, no debería desaprovecharse.
Como coda para la ciudadanía colombiana, el espacio que se genere para la participación de los jóvenes debe contemplar, en el futuro cercano, la posibilidad de que las decisiones de los Consejos de Juventud tengan fuerza vinculante, por ejemplo, en aquellas que estén relacionadas con la elaboración de los Planes de Desarrollo de cada gobierno.
La pandemia que trajo el 2020 desplazó las manifestaciones de las inconformidades. Pero, quizás, el 2021 reclame la atención hacia esa conversación que comenzó en 2019, alrededor de atender las causas de dichos descontentos. La elección de Consejos Juveniles puede ser un ejemplo para Latinoamérica de cómo abrir espacios y plataformas que canalicen los intereses de la población joven, y les permita, a su vez, incidir de forma real en la construcción de políticas públicas que reflejen sus necesidades.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.