Foto: Registraría Nacional del Estado Civil.
Por: Juan Carlos Galindo Vácha
Lamentables, por decir lo menos, las recientes declaraciones del Presidente Petro sobre el sistema electoral colombiano. Por un lado, demuestran su ignorancia en la materia y, por el otro, dejan entrever un velado interés en poner en duda la organización de las próximas elecciones del 2026, por el otro.
El proceso electoral está dirigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad en la que trabajan más de 3.800 funcionarios ampliamente calificados y con gran experiencia, pero además en él participan más de 700.000 ciudadanos como jurados de votación, 300.000 ciudadanos en su papel de testigos electorales, cerca de 10.000 jueces y notarios de la República como escrutadores, a más de alrededor de 5.000 observadores electorales de la MOE, observadores de la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, de las autoridades electorales, y se le suma la presencia de los más de 200.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional y Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de la jornada electoral.
Los escrutinios no están a cargo de ninguna empresa privada. Son los jueces de la República quienes los realizan con el apoyo de la Registraduría y las herramientas tecnológicas, pero siempre con base en las tarjetas de votación, formularios de conteo y consolidación, y la presencia de testigos electorales y autoridades de control. Pero es más, los documentos electorales, desde las actas de resultados de las mesas de votación y formularios de los escrutinios son digitalizados y publicados inmediatamente en la página web para que la ciudadanía, las campañas electorales y todos los interesados puedan conocer a la mayor brevedad los resultados de las votaciones. La información del pre-conteo es suministrada en tiempo real a los partidos políticos y candidatos para que puedan preparar y formular sus reclamaciones si se presentaron dificultades. Las Comisiones de escrutinio pueden realizar los recuentos de voto si hay dudas sobre la fiabilidad de los datos. Las autoridades de control están presentes desde la instalación de las mesas de votación hasta la culminación de los escrutinios.
El proceso electoral colombiano cuenta con tres mecanismos de auto-control para identificar eventuales errores o inconsistencias, como el pre-conteo, la digitalización de los documentos y formularios electorales y su inmediata publicación, y los diferentes niveles del escrutinio (en comisiones auxiliares, municipales, departamentales y Consejo Nacional Electoral). Si bien, como todo proceso humano, se pueden presentar errores o inconsistencias, el diseño del proceso electoral permite que éstos se corrijan en el desarrollo de los escrutinios, gracias a la tecnología. Bajo el esquema normativo colombiano, existe finalmente un control jurisdiccional de los resultados electorales, mediante la posibilidad de impugnar los resultados a través de demandas ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos.
Nuestro proceso electoral ha sido reconocido por autoridades de otros países y por organizaciones internacionales, no solamente por su profesionalismo, las garantías que otorga a los participantes, sino también por la agilidad de los resultados.
Los procesos electorales mejoran de comicios en comicios. La experiencia de cada una de las elecciones, ha permitido promover nuevos mecanismos de transparencia y fortalecimiento. Así ha sido desde el año 2002, cuando conocí a fondo el proceso electoral colombiano, y lo he podido evidenciar a lo largo de los años en mis tareas de Procurador Delegado, Registrador Nacional en dos ocasiones y académico en diferentes escenarios. Y seguramente seguirá ocurriendo con las gestiones y estrategias del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil.
El Presidente Petro ha resultado electo en muchas ocasiones como senador de la República, Alcalde Mayor de Bogotá y Presidente de la República, con el proceso electoral vigente. Y no ha dicho nada. Por esta razón dejan muchas dudas sus declaraciones actuales respecto del verdadero interés frente a lo que serán los comicios del 2026. ¿Por qué estará poniendo en tela de juicio el proceso electoral colombiano?, ¿Cuál será su interés?. Son interrogantes que se hace hoy la opinión pública con justa razón. En último término no se entiende cómo el Presidente Petro, si como jefe de Estado y como suprema autoridad administrativo debería estar colaborando con las demás autoridades el fortalecimiento institucional, tristemente esté haciendo todo lo contrario.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.