Por: Alejandro Chaves
“[…] Sé que ningún gobierno hace magia ni tiene todas las soluciones en la mano (…) Desde el punto de vista de las manifestaciones, necesariamente hay siempre hay un grupo de gente que se pasa de la raya, que comete el error de caer en la violencia, crea condiciones para que “justifiquen” la respuesta dura, y entonces estamos en una lógica infernal (Pepe Mujica)”.
Una de las razones de nuestros desencuentros, que a través de nuestra historia se han convertido en expresiones de violencia perpetua, es la capacidad limitada que tenemos para escuchar al otro, la cual se traduce en uno de los fallos de nuestra democracia: el odio, que nace de esa incapacidad de conversar entre iguales.
El balance desafortunado que hasta hoy nos ha dejado el paro nacional en términos de pérdidas de vidas humanas, personas lesionadas, desaparecidos, cientos de miles de ciudadanos y familias quebradas por no poder trabajar, empresas cerradas, falta de insumos para producir bienes básicos de consumo, entre muchas otras, nos invita a reflexionar a cerca de la urgencia de aprender nuevamente a conversar y a encontrar espacios de concertación en donde la constante sea la capacidad de quienes lideran ese diálogo para entender la diferencia, y no el camino fácil de levantarse de la mesa frente al más mínimo desencuentro o evadir las demandas de quienes acuden legítimamente en búsqueda de ser escuchados.
Estar atravesando por la crisis económica y social más profunda de los últimos cien años en nuestro país exige de manera inmediata, por lo menos dos asuntos: por un lado, la condena frente a las violaciones de derechos humanos y los excesos dela fuerza pública de forma decidida por parte del Estado y, por otro lado, la condena enérgica frente a otros tipos de violencia de enorme gravedad como los bloqueos en las vías que de manera constante estamos viendo desde el 28 de abril y que afectan profundamente el disfrute de otros derechos por parte de la ciudadanía.
Se trata entonces de que, tanto el gobierno como aquellos que están liderando el paro, entiendan que deben ceder frente a los postulados de la otra parte, y que entiendan que están en la obligación de acelerar las negociaciones y encontrar los acuerdos que nos lleven a la construcción del país que todos queremos. Colombia no aguanta un solo día más sin un consenso general que nos permita de una vez por todas empezar a levantarnos de esta profunda crisis; de la grandeza de quienes están sentados en la negociación depende lograrlo o continuar ampliando la crisis que ya tiene sumidos en la pobreza, monetaria y extrema, a más de 28 millones de colombianos.
Que todos estamos de acuerdo en que el país sí necesita un cambio profundo y reformas estructurales que le permitan avanzar no está en discusión. Sin embargo, que las vías para alcanzar esas profundas reformas empobrezcan e impacten, aún más, la calidad de vida de millones de colombianos es un asunto sobre el cual debemos reflexionar de manera urgente.
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha desempeñado cargos públicos desde 1999 como Secretario General de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Cuarto Delegado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, y desde el 2015 hasta el 2019 fungió la Dirección General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Desde 1999 y hasta la fecha, ha sido Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado diferentes artículos en las Revistas Oficiales de la Universidad, como también, ha escrito y publicado varias obras jurídicas publicadas por la misma Facultad, de estas destacan Lecciones de Derecho Procesal Administrativo y Derecho Procesal Administrativo Tomo I y II, entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Colombia 2050.